Zapatero ha dado un giro a su política ante la crisis: prometió no recortar el gasto social, y finalmente ha cedido a las presiones de la derecha política y económica, decidiendo ahorrarse 15.000 millones más mediante la adopción de una serie de medidas que suponen un recorte sin precedentes de los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas más débiles.
El Gobierno se ha puesto de rodillas ante las presiones de los mercados financieros (los bancos y los especuladores) y de las instituciones de derechas (el gobierno europeo, el FMI, la OCDE), y ha renunciado a seguir el diálogo social con los sindicatos: ha dado la espalda a los trabajadores y los de abajo, y se ha aliado con la banca y los ricos. Se ha quitado la máscara: hace una política de derechas, le da la razón al PP, y tira por la borda la lucha sostenida durante muchos años por los sindicatos, la izquierda y la gente progresista.
IU-LV-CA de Granada rechaza este tijeretazo brutal por varias razones:
Las medidas no van a conseguir reactivar la economía y crear empleo. Al revés, van a agudizar los problemas de la crisis, pues van a empobrecer el bolsillo de una mayoría de los consumidores, y por tanto se va a contraer la capacidad de reacción de la economía real, los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, los autónomos, las cooperativas y sociedades laborales, que son los que crean empleo.
El FMI y la UE le han impuesto al Gobierno español esta estrategia para afrontar la crisis, porque se han decidido a refundar el capitalismo sin regular y controlar los mercados financieros desde los Gobiernos, que es lo que deberían hacer, ni frenar la especulación por ley. Es la especulación de unos pocos la que provoca la espiral de la miseria de la mayoría social:
-para pagar la deuda hay que pedir préstamos;
-para pagar los préstamos hay que reducir el déficit;
-para reducir el déficit hay que recortar el gasto público;
-para reducir el gasto público hay que bajar los salarios, las prestaciones sociales y “reformar” las jubilaciones.
Esto va a provocar un círculo vicioso: el empobrecimiento de los hogares reduce la actividad económica productiva que es la que crea empleo, y estos recortes salariales y sociales provocan la necesidad de invertir futuros ingresos públicos en paliar la situación consecuente, incrementando el déficit público, lo que a su vez hará que las agencias de calificación desconfíen de nuevo de la capacidad de pagar la deuda española, provocando nuevo pánico y crisis bursátiles, y nuevos ajustes y planes de austeridad. El recorte de hoy supondrá nuevos recortes mañana, y un retraso en la salida del túnel de la crisis.
Estas medidas dejan en entredicho la democracia, son un auténtico golpe de estado económico: Al plegarse a los intereses de los “mercados financieros” (tienen nombres y apellidos: en España se llaman Botin del Banco Santander, González del BBVA, Amancio Ortega de Inditex, las Koplowitz, Florentino Pérez, etc.), el Gobierno deja de gobernar según la decisión de los ciudadanos, que ven cómo se sustituye la política de quien ellos han votado por la de quienes ni siquiera se han presentado a las elecciones democráticas, pero que son los que realmente mandan en la sombra.
En Granada, el recorte se va a traducir en un empobrecimiento del 10% de la renta de la población granadina, pues:
-Los empleados públicos son un 20% del total de los trabajadores, y habrá en consecuencia un recorte directo del 1% de la masa salarial disponible en Granada.
-El recorte de los jubilados y pensionistas de Granada supondrá una minoración del 0’5% del dinero disponible para el consumo disponible en Granada.
-Las inversiones del Estado en Granada se recortarán 137 millones, dejando inactivas a muchas pequeñas empresas contratistas de la construcción, y en paro a sus trabajadores.
Sólo la movilización general de los perjudicados por estas medidas podrá evitarlas. Perjudicados somos todos los trabajadores. Se equivocan los trabajadores que piensen que a ellos no les afecta el recorte del salario de los empleados públicos: la negociación de sus convenios colectivos tendrán como referente el recorte de los salarios públicos, y será muy difícil evitar que la patronal no intente recortar más o menos los salarios.
IU-LV-CA apoya la Huelga de Empleados Públicos del 2 de junio. Creemos necesario acumular fuerzas para frenar los recortes de salarios y del gasto social, en defensa de la democracia que es el poder soberano de los ciudadanos frente a las presiones de los poderosos y los ricos, y por eso Izquierda Unida cree necesaria la convocatoria de una HUELGA GENERAL.
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